Una auditoría de la Contraloría General de la República ha revelado una serie de fallas en los sistemas tecnológicos y administrativos del Servicio Médico Legal, generando preocupación por la falta de supervisión en el Sistema Integrado de Gestión de Alcoholemias. Según el informe, este sistema que registra los exámenes de alcoholemia opera sin supervisión del área informática desde 2023, lo que impide asegurar la integridad de la información almacenada y la trazabilidad de los datos. Además, se señala que la revisión del sistema fue realizada por un profesional externo a honorarios que ya no pertenece a la institución. El informe final N° 735/2025 también destaca deficiencias que comprometen la trazabilidad de evidencias y la seguridad de información sensible. Entre ellas, se menciona que los registros de ingresos, salidas y derivaciones de evidencias tanatológicas se realizan en libros de papel sin identificación adecuada de los médicos responsables. Adicionalmente, la eliminación de muestras se registra en planillas Excel sin un formato estandarizado, lo que dificulta identificar quién intervino en cada procedimiento y expone el material a errores o alteraciones no detectables, afectando su conservación e integridad. En cuanto a seguridad informática, se detectaron 24 usuarios activos en bases de datos institucionales que no corresponden al personal vigente del servicio, lo que representa un riesgo potencial de accesos no autorizados a datos sensibles. El informe también menciona inconsistencias en registros, como duplicidad de identificadores y errores en números de RUN de personas peritadas, lo que puede dificultar la correcta acreditación de pericias. Asimismo, se identificaron vulnerabilidades críticas en el sistema SIGAL y servidores activos sin soporte vigente, exponiendo los sistemas a posibles ciberataques. Frente a esta situación, el Servicio Médico Legal deberá presentar en un plazo de 60 días hábiles los antecedentes sobre la implementación de controles para asegurar un registro completo y verificable en el procedimiento de alcoholemias, así como corregir las fallas detectadas. Fuente: ADN Radio Nacional
La Contraloría General de la República ha generado preocupación al descubrir un desorden financiero que implica más de US$17.300 millones en ministerios y municipios chilenos en los últimos cinco años. Este hallazgo proviene de la auditoría de los estados financieros de 73 entidades públicas, incluyendo organismos del Gobierno Central y municipalidades, según informa el diario El Mercurio. De acuerdo con el informe, la cantidad corresponde a fondos cuestionados principalmente por falta de opinión favorable, es decir, situaciones en las que la Contraloría no pudo validar la información financiera debido a errores graves, discrepancias contables o ausencia de antecedentes suficientes para su revisión. Dentro del total analizado, 50 entidades pertenecen al Gobierno Central y 23 al ámbito municipal, siendo las principales observaciones relacionadas con aspectos como transferencias, cuentas pendientes por cobrar, bienes no justificados, deudas y gastos sin respaldo contable adecuado. En este sentido, el informe destaca que una de las principales deficiencias es la falta de rendición de cuentas adecuada, con montos importantes que no han sido explicados dentro de los plazos legales, lo que dificulta determinar el destino final de los recursos públicos. La Contraloría también señaló problemas estructurales en el control interno, como registros contables incompletos, conciliaciones bancarias pendientes y uso inapropiado de plataformas financieras, lo que aumenta el riesgo de errores e irregularidades potenciales. En al menos cinco situaciones, la entidad fiscalizadora decidió pasar los antecedentes al Ministerio Público, al identificar circunstancias que podrían tener implicaciones penales, abriendo así la posibilidad de investigaciones judiciales. El informe resalta que estas deficiencias no solo impactan en la transparencia, sino que también socavan la confianza ciudadana en la gestión estatal y complican la toma adecuada de decisiones en políticas públicas. Fuente: ADN Radio Nacional
Una auditoría de la Contraloría General de la República ha revelado una serie de fallas en los sistemas tecnológicos y administrativos del Servicio Médico Legal, generando preocupación por la falta de supervisión en el Sistema Integrado de Gestión de Alcoholemias. Según el informe, este sistema que registra los exámenes de alcoholemia opera sin supervisión del área informática desde 2023, lo que impide asegurar la integridad de la información almacenada y la trazabilidad de los datos. Además, se señala que la revisión del sistema fue realizada por un profesional externo a honorarios que ya no pertenece a la institución. El informe final N° 735/2025 también destaca deficiencias que comprometen la trazabilidad de evidencias y la seguridad de información sensible. Entre ellas, se menciona que los registros de ingresos, salidas y derivaciones de evidencias tanatológicas se realizan en libros de papel sin identificación adecuada de los médicos responsables. Adicionalmente, la eliminación de muestras se registra en planillas Excel sin un formato estandarizado, lo que dificulta identificar quién intervino en cada procedimiento y expone el material a errores o alteraciones no detectables, afectando su conservación e integridad. En cuanto a seguridad informática, se detectaron 24 usuarios activos en bases de datos institucionales que no corresponden al personal vigente del servicio, lo que representa un riesgo potencial de accesos no autorizados a datos sensibles. El informe también menciona inconsistencias en registros, como duplicidad de identificadores y errores en números de RUN de personas peritadas, lo que puede dificultar la correcta acreditación de pericias. Asimismo, se identificaron vulnerabilidades críticas en el sistema SIGAL y servidores activos sin soporte vigente, exponiendo los sistemas a posibles ciberataques. Frente a esta situación, el Servicio Médico Legal deberá presentar en un plazo de 60 días hábiles los antecedentes sobre la implementación de controles para asegurar un registro completo y verificable en el procedimiento de alcoholemias, así como corregir las fallas detectadas. Fuente: ADN Radio Nacional
La Contraloría General de la República ha generado preocupación al descubrir un desorden financiero que implica más de US$17.300 millones en ministerios y municipios chilenos en los últimos cinco años. Este hallazgo proviene de la auditoría de los estados financieros de 73 entidades públicas, incluyendo organismos del Gobierno Central y municipalidades, según informa el diario El Mercurio. De acuerdo con el informe, la cantidad corresponde a fondos cuestionados principalmente por falta de opinión favorable, es decir, situaciones en las que la Contraloría no pudo validar la información financiera debido a errores graves, discrepancias contables o ausencia de antecedentes suficientes para su revisión. Dentro del total analizado, 50 entidades pertenecen al Gobierno Central y 23 al ámbito municipal, siendo las principales observaciones relacionadas con aspectos como transferencias, cuentas pendientes por cobrar, bienes no justificados, deudas y gastos sin respaldo contable adecuado. En este sentido, el informe destaca que una de las principales deficiencias es la falta de rendición de cuentas adecuada, con montos importantes que no han sido explicados dentro de los plazos legales, lo que dificulta determinar el destino final de los recursos públicos. La Contraloría también señaló problemas estructurales en el control interno, como registros contables incompletos, conciliaciones bancarias pendientes y uso inapropiado de plataformas financieras, lo que aumenta el riesgo de errores e irregularidades potenciales. En al menos cinco situaciones, la entidad fiscalizadora decidió pasar los antecedentes al Ministerio Público, al identificar circunstancias que podrían tener implicaciones penales, abriendo así la posibilidad de investigaciones judiciales. El informe resalta que estas deficiencias no solo impactan en la transparencia, sino que también socavan la confianza ciudadana en la gestión estatal y complican la toma adecuada de decisiones en políticas públicas. Fuente: ADN Radio Nacional
